Que hacer con la renta petrolera

LA NACIONALIZACION BOLIVIANA ABRIO UN DEBATE POSTERGADO
Qué hacer con la renta petrolera
Gustavo Calleja, del Grupo Moreno, pide copiar la decisión boliviana. Jorge
Lapeña, experto del radicalismo, se opone y exige hacer cumplir los
contratos vigentes. Aquí, los argumentos.






CALLEJA
“Solos en el mundo”

–¿Qué debería hacer Argentina?

–Como no tenemos una empresa estatal en condiciones de asumir el control de
las áreas petroleras, habría que hacer lo mismo que Evo: transformar los
contratos de concesión en contratos de locación de servicios, pagarles a las
empresas por sacar el petróleo y que el Estado defina cuánto se extrae, a
quién se le vende y a qué precio. Arturo Illia pudo recuperar las áreas
porque tenía YPF, hoy Enarsa no es más que un sello.

–¿Hay otros países productores de hidrocarburos con un régimen como el
argentino?

–Eramos dos, Bolivia y nosotros. Ahora quedamos solos. Los contratos de
concesión vigentes murieron en el mundo en la década del ’80. Fueron
reemplazados por contratos de participación, como el Houston, donde la
empresa privada explora, asume riesgo minero, si le va mal, pierde y si le
va bien, se asocia con el Estado. Es el esquema que asumió Chávez, que rige
en Arabia Saudita, en Colombia, en varios países. También hay contratos para
desarrollar un área y explotarla en asociación con la empresa estatal, como
en la Cuenca del Orinoco, en Venezuela. Y hay contratos de locación de
servicios, como en Brasil.

–¿Es posible cambiar la naturaleza de los contratos de manera unilateral?

–Bolivia lo fundamenta en actos jurídicos nulos. Podemos hacer lo mismo.
Decretar la nulidad de todas las concesiones otorgadas de Menem en adelante,
que fueron burdas. Violaron todas las leyes. La Ley de Hidrocarburos prohíbe
que una misma empresa tenga más de cinco áreas concesionadas y no se cumple,
la ley de privatización de YPF no autorizaba la prórroga de las áreas que
tenía la empresa cuando era estatal y Cavallo lo hizo por decreto, no se
constituyeron sociedades mixtas en áreas donde se aplica recuperación
asistida como manda la Ley de Reforma del Estado, se otorgaron prórrogas
para la explotación de los yacimientos Loma de la Lata, Ramos y Acambuco con
17 y 20 años de anticipación, cuando la condición para extenderlos es
evaluar el desempeño de la empresa durante los últimos veinticinco años, la
venta de YPF se hizo sin tasación oficial previa, como marcaba la Ley de
Reforma del Estado.

–¿Cuál supone que sería la reacción de las empresas?

–La misma que en Bolivia, con los argumentos conocidos: la seguridad
jurídica, que jamás debe ser entendida como un aval de ilícitos; la
suspensión de inversiones, que nunca realizaron, porque recibieron áreas
funcionando y en perfecto estado y lo único que hicieron fue cubrir los
costos de producción normales; las apretadas políticas de los gobiernos,
cuyas empresas se vean afectadas, como España, Brasil, Inglaterra y Francia.

–¿Cree que se irían?

–Nadie se va a ir porque los contratos de locación de servicios siguen
siendo muy buen negocio. Chávez lo hizo hace dos años y se quedaron todos,
salvo Exxon. Con Fidel están todos, en Irán están todos. El empresario
petrolero argentino se hizo millonario con los contratos con la YPF estatal:
Pérez Companc, Bridas, Astra, Plus Petrol. Van a aceptar porque en todo el
mundo es así.

–¿Estima que el Gobierno hará algún cambio?

–No lo sé, espero que sí. Supongo que puede haber algún anuncio de cosmética
en el acto del 25. Hasta ahora, sigue en la línea del menemismo. Bolivia
obligó a Repsol a rectificar a la baja sus reservas de gas y acá nadie dijo
nada. La única reacción fue obligar a la empresa a informar sus reservas una
vez al año, en lugar de cada dos. Pero siguen siendo declaraciones juradas
de las empresas sin auditoría estatal. Enarsa hace dos años que tiene la
obligación de crear una base de datos y no hizo nada. Y encima el Gobierno
envió al Congreso un proyecto para desgravar las inversiones en exploración,
y liberó el gas en boca de pozo como no se animaron Menem y Cavallo.

–¿Qué pasaría con la renta petrolera en caso de nacionalizar los
hidrocarburos?

–El Estado ganaría más de 10 mil millones de dólares al año. Entre el Estado
nacional y los provinciales retienen el 36 por ciento de la renta. Es el
nivel más bajo del mundo, junto con el de Bolivia. Venezuela se queda con el
87 por ciento y Bolivia subirá a ese escalón.

–Se suponía que la eficiencia privada y su capacidad de inversión
aumentarían los niveles de producción de hidrocarburos y que el Estado
pasaría a ganar más de lo que obtenía cuando YPF era estatal. ¿En qué medida
se cumplió esa promesa?



–En nada. Desde 1934 a 1989, la renta petrolera permitió crear toda la
infraestructura vial nacional y provincial, se construyó la red troncal y
las redes domiciliarias de gas, se construyeron todas las represas
hidroeléctricas, se hicieron aportes a las cajas de previsión, se financió a
las otras empresas del Estado, se crearon pueblos, había reservas de gas por
36 años y de petróleo por 23. Hoy estamos con 10 y 8, medido por empresas
mentirosas. Desde 1989 no se construyó una sola represa hidroeléctrica, no
se hizo un solo gasoducto destinado al mercado interno, con el 40 por ciento
de la población sin gas.


LAPEÑA
“Mejor no imitar”

–¿La Argentina haría bien en imitar a Bolivia?

–No, no haría bien. Hay que buscar soluciones propias. El Gobierno debe
tener un discurso más claro, una política energética de la que carece y un
diagnóstico preciso. Hoy, por ejemplo, no admite que estamos en una crisis
energética muy profunda, sobre todo en el gas. Dice tener resuelto el
problema, pero no es cierto. En este contexto, con diagnóstico equivocado y
sin plan energético, yo trataría de no imitar a nadie.

–¿Cuál sería la solución para la crisis?

–En los últimos 15 años la Argentina dilapidó sus reservas. El Estado estuvo
ausente, prescindente de ese proceso, dejando actuar al mercado por las
suyas. Eso es lo que hay que cambiar. Hoy sólo arbitra entre sectores frente
a una demanda que no puede ser satisfecha en su totalidad: no cumple los
compromisos con Chile, importa fuel oil, le corta el suministro a la
industria, importa gas desde Bolivia.

–¿Debería forzar a las empresas a invertir?

–No, forzar a nadie. Hay que hacer una política atractiva para que las
empresas inviertan. Hay que tener una política petrolera: una nueva ley de
hidrocarburos, un marco regulatorio cumplible. La ley de 1967 quedó
desactualizada con la privatización de YPF y con la reforma constitucional
de 1994. Sin un marco jurídico que le permita tanto al inversor como al
Estado saber cuáles son los derechos y obligaciones, es difícil que venga
una corriente inversora.

–Venezuela atrae inversiones a pesar de que renegoció los contratos.

–La Argentina primero debería hacer cumplir lo pactado. Si el Estado no
controla, difícilmente las empresas respeten sus obligaciones. En 12 años
todas las áreas concesionadas vuelven al Estado. Lo primero que habría que
hacer es prepararse para recibir esas áreas y, mientras tanto, que las cosas
se hagan como dicen los contratos.

–¿Qué aportó el esquema de explotación privada en la Argentina?

–El vacío que dejó la privatización de YPF nunca fue llenado. Todas las
compañías juntas no lograron descubrir yacimientos como hacía YPF. Las
empresas que la reemplazaron no mejoraron en este aspecto, que es
estratégico. El mercado no elige explorar. El Estado tiene que darse una
política para que el privado explore, no una política de látigo, sino
atractiva, o que explore con el Estado, pero lo que no puede pasar es que
nadie explore. Necesitamos un Estado que controle, planifique, tenga
políticas y diagnóstico. Eso no ocurre. En ese sentido, no hay cambios
respecto de lo que vivimos desde hace 15 años.

–¿La nacionalización sería posible?

–El tema es si es conveniente o no. Bolivia tiene gas y yacimientos
descubiertos muy importantes. Nosotros necesitamos descubrirlos. Es otra
situación. Tenemos que explorar nuevas áreas y para eso se requieren
inversiones muy fuertes. Además, en el caso boliviano el tema del gas está
en el centro de la escena política desde hace cuatro años, se llevó a dos
presidentes, hubo un referéndum vinculante, una promesa electoral y un
cambio en la ley de hidrocarburos. Todo eso no forma parte del contexto
político argentino. Sería ilógico copiarlo.

–¿Qué opina de la decisión del gobierno boliviano?

–Es un acto soberano respetable. Me parece saludable pensando en que es el
cumplimiento de una promesa de campaña. Es como cuando Alfonsín enjuició a
las Juntas o Illia anuló los contratos petroleros. Forma parte de un proceso
histórico, en el cual el pueblo boliviano quiere captar una mayor porción de
la renta petrolera. Ahora debemos ver cómo se implementa, qué ocurre en la
renegociación de los contratos de los próximos 180 días. Hasta ahora no se
puede saber cuánto gana Bolivia. Si este proceso discurre por el camino de
la racionalidad, andará bien. Si, por el contrario, camina por el grito, la
controversia y el voluntarismo, se puede desmadrar. A Bolivia es lo que
menos le conviene. Si la producción baja, el remedio será peor que la
enfermedad.

–¿Qué impacto tiene la medida para la Argentina?

–En el corto plazo no tiene demasiada influencia, pero a mediano y largo
plazo me preocupa. Ahora no hay cambios sustanciales porque Argentina
importa menos del 5 por ciento de su consumo de gas. Por más que aumente el
precio, se diluye en el total. Y no veo ninguna razón para que el flujo se
interrumpa. Ahora, a mediano plazo me preocupa porque la Argentina necesita
cerrar rápidamente un acuerdo con Bolivia para aumentar la importación de
gas de 5 a 20 millones de metros cúbicos por día durante varios años. Esta
ya es una operación más grande. Y el acuerdo se necesita en forma urgente
para abastecer una demanda que crece. Hasta que Bolivia reordene su
situación va a pasar tiempo. Hay que recordar que desde 2004 estamos dando
vueltas con la construcción de un gasoducto de Bolivia a Rosario y todavía
no hay nada. Tenemos un problema para ayer, no para hoy, y la solución se
dilata.